SANTO DOMINGO.-Una nación que se considera civilizada o en el tránsito de alcanzar esa meta no puede vivir de espaldas a las necesidades de quienes un día el destino los condenó a lidiar con sus limitaciones cognitivas y físicas.
Por largo tiempo, como sociedad hemos sido indiferentes a tantas personas para las que una discapacidad no significa estar postradas, encerradas en sus hogares o simplemente vivir de la caridad pública.
Son personas que día a día procuran en las calles las mismas oportunidades de quienes podemos palpar, ver, escuchar, comer, pensar y movernos sin ninguna dificultad.
Llevan sobre sus hombros un denuedo añadido fruto de la indiferencia, la exclusión social y el rechazo de sectores que los consideran incapaces de acometer cualquier simple tarea, sin una palanca que los impulse.
Es una lamentable realidad que podemos palpar día tras día en ciudades planificadas para el desplazamiento de personas sin ninguna limitación físico-motora.
Algunas señales, sin embargo, permiten vislumbrar una luz al final de ese túnel escabroso, insensible y excluyente.
La Fundación Cayena Serie 68 donó la pasada semana un moderno autobús a la Asociación de Personas con Discapacidad del municipio Villa Altagracia. El vehículo será utilizado para trasladar a personas con dificultades para movilizarse en esa ciudad y a envejecientes que requieren acudir a sus citas médicas y otras diligencias ineludibles.
Una comisión de Cayena viajó desde Nueva York a Villa Altagracia para entregar el vehículo dotado de una rampa automática para el ingreso de las personas en sillas de ruedas, aire acondicionado y amplio espacio para los usuarios.
Un sueño que como sociedad estamos llamados a cristalizar es que todos los autobuses del transporte público de pasajeros del país estén dotados de estas facilidades para garantizar el desplazamiento de personas con diversas discapacidades, con serios problemas de salud o simplemente porque el peso de los años no les permite moverse con presteza.
Otra señal alentadora de inclusión lo constituye el anuncio de la Asociación Dominicana de Rehabilitación (ADR), de que en el año 2017 logró colocar en el mercado laboral y productivo a 51 personas con diversas discapacidades, 66 el año anterior y un total de 293 en el período 2013-2016.
Y como ha planteado la ADR, no se trata solo de cumplir las cuotas de empleos establecidas en la Ley 5-13 sobre Discapacidad, de 5% para el sector público y 2% para el sector privado, que cuenten al menos con 25 empleados en nómina, sino de la necesidad de impulsar una política de Estado orientada a potenciar sus capacidades y talentos, sin reparar en sus limitaciones.
Hace diez años la población que padece diversos trastornos del espectro autista (TEA) se encontraba prácticamente desamparada. Hoy contamos con los Centros de Atención Integral a la Discapacidad (CAID) que auspicia el Despacho dela Primera Dama, Cándida Montilla de Medina, y diversas organizaciones sin fines de lucro desarrollan una titánica labor para apoyar a niños y niñas con esta condición, al igual que a sus padres.
Hemos avanzado, indiscutiblemente, pero continúa siendo una deuda pendiente instaurar en el país una cultura de inclusión social con la participación activa de los poderes del Estado, empresarios, organizaciones no gubernamentales, gremios profesionales, universidades, a fin de garantizar el desplazamiento y la inclusión laboral de personas que tienen derecho a vivir dignamente y en igualdad.
Y una tarea ciclópea, pero posible, es seguir avanzando en la sensibilidad social tan necesaria para eliminar las barreras físicas, mentales y afectivas de quienes llevan “una vida normal”.
