SANTO DOMINGO.-Es como un maleficio, pero las tres gestiones recientes en el Ente Fiscalizador Externo o Cámara de Cuentas han caído en la misma violación de la Ley sobre salarios en beneficio propio y el escándalo que les sigue con una opinión pública adversa y desde donde truenan los clamores de juicio político a sus miembros por parte del Congreso de la República, única instancia con facultades legales para incluso, disponer su remoción o inhabilitación.
Anteriormente por similar trillo transitaron las gestiones, con sus propias características, de las encabezadas por el experimentado contable y comunicador Andrés Terrero y posteriormente la de Licelot Marte de Barrios. Los resultados son harto conocidos.
En esta oportunidad, todos los medios locales reseñan que el aumento de sueldo dispuesto por la Cámara de Cuentas (CC) entre RD$73,500 y RD$65,793 sobre sus salarios mensual de RD$350,000 y RD$313,304, «debe ser investigado por el Congreso Nacional».
Una reseña de la periodista Tania Molina, de Diario Libre sostiene este sábado que el caso actual debe ser ventilado en el Congreso de la República, «a consideración de legisladores y sociólogos consultados».
DETALLES
Los voceros de los bloques de diputados de los partidos Revolucionario Dominicano (PRD) y Reformista Social Cristiano (PRSC), Radhamés González y Máximo Castro Silverio, respectivamente, coinciden en que la Cámara de Diputados debe iniciar una investigación para determinar si la disposición salarial se ajusta a ley o no.
“Pienso que la Comisión de Cámara de Cuentas de la Cámara de Diputados debe investigar para determinar si viola la Constitución o no”, planteó Castro Silverio.
González, a su vez, califica el aumento como “totalmente desafortunado, en una CC que hasta el momento no ha hecho ni el primer esfuerzo por someter ninguna auditoria. Es pagarle mucho dinero a gente que no está haciendo nada”.
También el sociólogo José Rafael Durán consideró que el Congreso debe llamar a los integrantes de la Cámara de Cuentas para que expongan las razones por las que se aumentaron.
“Hay principios básicos que dicen que no se pueden legislar para sí mismo, están violación de las leyes”, insiste Durán. Considera una desfachatez tener salarios tan por encima del promedio, sobre en órgano como la CC que fiscaliza el manejo de los fondos públicos.
El presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez Pérez, defiende la legalidad del aumento amparado en la resolución del pleno del 5 de noviembre del 2013, que aprueba una política salarial para su personal. Dicha resolución establece un tabulador para los salarios y en su artículo 5 manda a revisar anualmente los niveles salariales que establece, para su adecuación “conforme a los indicadores económicos que incidan en estos para corregir la inequidad, de conformidad con la disponibilidad presupuestaria”.
Niega que esté violando la Constitución que, en su artículo 140 prohíbe aumentar el salario en las instituciones públicas y autónomas que manejan fondos públicos.
También refiere una decisión del Tribunal Constitucional sobre un recurso entre la Junta Central Electoral y el Dirección de Contrataciones Públicas, que estableció que las actuaciones administrativas de los órganos con autonomía constitucional, no pueden estar sujetas al control administrativo y financiero de dependencias del Poder Ejecutivo.
