TRINCHERA DIGITAL.-Literalmente, una patada que costará 300 mil pesos y una condena a cumplir trabajos comunitarios es el precio a pagar por un violento ciudadano que agredió una perrita y fue captado por una cámara. En ese orden, el Ministerio Público solicitó a un juez aprobar la suspensión condicional del procedimiento en contra del hombre que agredió a patadas a su perra Trufa, tras llegar un acuerdo con éste, donde se compromete a realizar una serie de acciones, incluyendo pagar una multa de RD$300,000.00.
DETALLES
Con el acuerdo con el que se suspenderá el sometimiento en su contra, Oscar Nanita Gerónimo, quien fue apresado hace dos días, acordó someterse a cumplir con las siguientes pruebas en un plazo de dos años: asistir a 15 charlas impartidas por el Juez de la Ejecución del Departamento Judicial del Distrito Nacional, realizar un trabajo comunitario en la Fundación Mi Mascota; abstenerse de maltratar física o verbalmente a cualquier tipo de mascota; pagar una multa de RD$300,000.00, pedir una disculpa pública en un medio televiso.
Además, residir en el domicilio familiar habitual mientras dure el proceso, en caso de que se vea en la necesidad de mudarse, notificar en nuevo domicilio al Juez de la Ejecución de la Pena y someterse a la vigilancia del Juez de la Ejecución de la Penal del Departamento Judicial del Distrito Nacional.
A través de un vídeo que se hizo viral el pasado fin de semana se ve a Nanita Gerónimo maltratando a Trufa, una perra de la raza bulldog francés.
En el documento donde hace la solicitud al juez José Alejandro Vargas, coordinador de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional, el Ministerio Público precisó que el artículo 40 de la ley 76-02 establece que «en los casos en que sea previsible la aplicación de la suspensión condicional de la pena, el Ministerio Público, de oficio o a petición de parte, puede solicitar al juez la suspensión condicional del procedimiento previo a que se ordene la apertura a juicio. El juez puede disponer la suspensión condicional del procedimiento cuando el imputado ha declarado su conformidad con la suspensión, ha admitido los hechos que se le atribuyen y ha reparado los daños causados en ocasión de la infracción, firmado un acuerdo con la víctima o prestando garantías suficientes para cumplir con esa obligación”.
También indicó que el artículo 2 de la ley 76-02 consagra el principio solución de los conflictos el cual dispone que “los tribunales procuran resolver el conflicto surgido a consecuencia del hecho punible para contribuir a restaurar la armonía social. En todo caso, al proceso penal se le reconoce el carácter de medida extrema de la política criminal».
Ahora, el juez Vargas, quien aspira a una membresía del Tribunal Constitucional, decidirá si en este caso aplica o no la suspensión condicional del procedimiento.
