La decisión de Fachin se refiere a cuatro procesos en que Lula fue juzgado por un tribunal de primera instancia de Curitiba, a cargo del entonces juez Sergio Moro, sobre quien consideró que no tenía en su momento «competencia jurídica» para analizar esos casos.
Fachin determinó que los procesos sean reiniciados por un juzgado federal de Brasilia.
De acuerdo con el comunicado redactado por los abogados del expresidente, Cristiano Zanin y Valeska Teixeira, las «absurdas acusaciones» formuladas contra Lula por el grupo de Curitiba «jamás indicaron ninguna relación concreta con ilegalidades ocurridas en Petrobras».
«Siempre probamos que todas esas conductas formaban parte de un complot entre el entonces juez Sergio Moro y dos miembros del grupo (de fiscales) de Curitiba, como fue reafirmado en el material al que tuvimos acceso también con la autorización del Tribunal Supremo Federal», señala.
Los abogados se refirieron así a una serie de mensajes que los fiscales de la Lava Jato intercambiaron en su momento con Moro, los cuales fueron obtenidos por hackers y entregados parcialmente al portal The Intercept.
Esos mensajes, a los que el Supremo autorizó el acceso, sugieren que en los procesos en los que Lula acabó siendo declarado culpable de corrupción, el juez Moro orientó y hasta coordinó de alguna manera la actuación e investigación de los fiscales, lo cual está estrictamente vetado por la ley.
«En esta larga trayectoria (de defensa), al respecto de todas las pueblas de inocencia que presentamos, el expresidente Lula fue preso injustamente, tuvo sus derechos políticos indebidamente retirados y sus bienes bloqueados», agrega la nota.
Al anular los cuatro procesos judiciales, entre ellos dos condenas, el habeas corpus dictado por Fachin permite a Lula recuperar sus derechos políticos, lo que le abriría la puerta para volver a ser candidato en las elecciones de 2022, tras ser impedido en los comicios de 2018.
No obstante, la Fiscalía General de Brasil pretende apelar la decisión de Fachin, lo que llevaría la decisión individual del magistrado al pleno del Supremo o a la Segunda Sala de la máxima corte, que deberían confirmar o anular el fallo de este lunes.
