El exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, se habría llevado para su villa vacacional en Casa de Campo un bloqueador de señales de drones que era propiedad de la Procuraduría General de la República para evitar que fuera espiado e instruyó al fiscal titular de la provincia Independencia para firmar un documento en el que daba cuenta que el aparato sería utilizado para servicios en la frontera dominico-haitiana, afirma la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

Soni Rosario José, en una entrevista que le realizara la Pepca, informó que Alain Rodríguez en un encuentro realizado en su despacho le pidió un favor “el cual consistía en hacerlo firmar una comunicación donde indicaba que había recibido un antidron para su fiscalía, con la excusa de usarlo en la frontera; pero en realidad el dron iba a ser usado en una de sus casas para contrarrestar espionaje ilegal”.

“Al momento de profundizar las investigaciones se comprobó que el dispositivo fue adquirido de manera fraudulenta como activo fijo de la Procuraduría General de la República, para ser usado en la villa vacacional ubicada en Casa de Campo, propiedad del imputado Jean Alain Rodríguez”, refiere la instancia sobre el equipo comprado por la PGR a un costo de RD$3,974,156.

Dice, además, que en el año 2018 se adquirió un dispositivo similar para el bloqueo de señal en una de las cárceles del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, sin embargo, la directora de esa institución, Hilda Lagombre, afirma que no existen bloqueadores de señales en las penitenciarías y cárceles del país.

El Pepca también acusa al exdirector de Tecnología de Información de la PGR, Javier Forteza Ibarra, de hacer uso indebido de su función al vender el acceso a terceros y particulares que no tenían nada que ver con el Ministerio Público.

La jueza del tribunal de atención permanente, Kenya Romero, aplazó para el jueves 8 de junio el conocimiento de la solicitud de imposición de prisión preventiva contra el exprocurador Alain Rodríguez, Miguel José Moya, Rafael Antonio Mercede Marte, Alfredo Alexander Solano Augusto, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Jonnathan Josel Rodríguez Imbert, Jenny Marte Peña y Altagracia Guillén Calzado, a quienes se le vincula a una red criminal que operó desde la Procuraduría y que habría estafado al Estado con más de seis mil millones de pesos.

La audiencia se pospuso a los fines de que los abogados de algunos imputados pudiesen tomar conocimiento del expediente y preparar sus medios de defensa, así como establecer los arraigos que tienen sus defendidos y demostrar que no representan peligro de fuga para el proceso.

El director de la Pepca, Wilson Camacho, descartó que la vida del exprocurador general de la República corra peligro en caso de que sea enviado a prisión como medida de coerción, afirmando que el Sistema Penitenciario tiene los protocolos para asegurar la vida de los procesados.

“El sistema penitenciario tiene los protocolos necesarios para asegurar la vida de cualquier persona que sea enviada como interno. No hay ninguna razón para temer porque el sistema penitenciario puede gestionar la incorporación al sistema de cualquier ciudadano de República Dominicana. Con eso no hay ningún inconveniente”, expresó al ser cuestionado respecto a las declaraciones de uno de los abogados del exprocurador en el sentido de que la vida de su defendido estaría en peligro debido a que durante cuatro años persiguió el crimen y envío mucha gente a la cárcel.

De igual manera anunció que solicitó la colaboración de organismos internaciones, Interpol, para apresar al exjefe de gabinete de la Procuraduría, Rafael Canó, quien se encuentra prófugo tras lograr salir del país antes de que se produjeran los arrestos y allanamientos del caso.

“Estaremos haciendo lo que sea necesario para arrestar a estas personas que están pendiente en este proceso y traerla a conocer su proceso. Incluso, en el caso de que ustedes refieren nosotros hemos hecho contacto con organismos internacionales a fin de que de asistan al Ministerio Público para arrestar a las personas que todavía no están en ese proceso”, refirió