SAN CRISTÓBAL.-El tribunal de la Instrucción que tiene a su cargo el proceso contra el ex alcalde de este municipio, el ex pelotero profesional conocido entre sus seguidores como «El Búfalo», Raúl Mondesí lo condenó este miércoles a ocho años de prisión para ser cumplidos en el penal de Najayo, el pago de 60 millones de pesos de multa y la inhabilitación para ocupar cualquier cargo público durante 10 años.
Los reportes de prensa dan cuenta de que el tribunal condenó a ocho años de cárcel al exalcalde de San Cristóbal, Raúl Mondesí. También le fue impuesta una multa de RD$60 millones por el cargo de corrupción durante su gestión al frente de la alcaldía municipal.
Mondesí fue inhabilitado por 10 años a aspirar a ocupar algún cargo público.
HISTORIA
El Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal acogió la acusación de malversación de fondos por más de RD$300 millones hecha por el Ministerio Público contra el exalcalde Mondesí y otros cuatro imputados.
Por considerar que existen indicios de comisión de ilícito penal sancionado por el Código Penal Dominicano en la acusación formulada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) a Mondesí, la jueza Rosa Mateo dictó auto de apertura a juicio y le impuso prisión domiciliaria como medida de coerción.
Mateo impuso presentación periódica, impedimento de salida, pago de una fianza de un millón de pesos a los coimputados Bienvenido Araujo Japa, secretario general del ayuntamiento de San Cristóbal; Antonio de Jesús Ferreira Guzmán, tesorero; y Edward Vianelo Pontier.
El exalcalde no podrá salir de su residencia sin autorización de un juez durante seis meses y su expediente fue remitido al Tribunal Colegiado de San Cristóbal a fin de fijar audiencia para el conocimiento del juicio de fondo.
El Ministerio Público los acusa de haber manejado los fondos del cabildo de forma discrecional sin cumplir con los procedimientos, elaborando los estados financieros sin criterios técnicos, además de que los impuestos retenidos no eran remesados, y que no cumplían mínimamente con el presupuesto.
En su escrito acusatorio señala que se pudo establecer que confeccionaban documentos falsos y hacían uso de documentos falsos para la realización de contrataciones de servicios, en algunos casos relativos a la recogida de basura.
Establece, además, que los impuestos eran retenidos sin remitir a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), tienen deuda con la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), ausencia del pago 1X1000 del Colegio de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), retenido a contratos de obras y el no pago del 1% de la Ley sobre Fondo de Pensiones de los Trabajadores del Área de la Construcción y todas sus Ramas Afines (FOPETCONS).
Igualmente que se hacían pagos en exceso por la realización de obras de infraestructuras. Además, contratación de bienes, obras y servicios, violentando el procedimiento de compras establecido en la Ley sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones.
Durante el proceso investigativo, el exalcalde atribuyó a una persecución política las denuncias depositas en su contra en la PEPCA.
