TRINCHERA DIGITAL.-En una ceremonia en la sede del Congreso nacional en Ciudad de México, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador (AMLO) este 1 de diciembre juró e hizo una promesa de cumplimiento de la ley, tal y como lo dicta la Constitución. De inmediato, el mandatario mostró su firme decisión de austeridad al viajar en un vuelo interno en un avión comercial y hasta hizo la fila normal para el chequeo de pasajeros antes de abordar la aeronave. Ya ha dicho que pondrá en venta el avión presidencial, que reducirá los sueldos dentro de la administración pública entre los funcionarios que devengan salarios elevados y ha reiterado que ningún otro servidor público ganará una suma superior a la de él, como jefe del Estado.
DETALLES
La juramentación del Presidente electo se llama «toma de protesta y la representación del pueblo -los diputados y los senadores- son los encargados de tomar esa declaración al nuevo mandatario.
Al contrario de lo que ocurre en otros países, en la ceremonia de investidura mexicana no hay un juramento ni se abre espacio a simbolismos religiosos, como evocar a Dios o usar una Biblia en el acto.
«Cuando México como Estado dejó su vínculo con la Iglesia, en el siglo XIX, todos esos signos que tenían que ver con el juramento religioso se cambiaron por una terminología liberal, que es la protesta», explica a BBC Mundo el analista jurídico Mario Melgar.
Es por ello que para «protestar» el cargo, el presidente electo debe pronunciar las siguientes 61 palabras:
«Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere, que la Nación me lo demande».
En México se dice «protestar», palabra que entre sus significados está el de «expresar queja o disconformidad», según el Diccionario de la Real Academia Española (RAE).
PRIMERA PRUEBA
Escasas horas de su juramentación, ya el nuevo mandatario encara una invisible guerra de baja intensidad. El diario El País sostiene que dos potentes fuerzas están por chocar bajo la superficie justo en el inicio del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La primera es el impulso transformador que ha abierto la era presidencial de Morena con un discurso de austeridad y en contra de las élites. La otra es el poder judicial, que ha alzado la voz en lo que considera “un claro contexto de debilitamiento” mediante ataques a la independencia judicial. El enfrentamiento de estos sujetos podría derivar en el máximo tribunal, la Suprema Corte de Justicia, quien podría dirimir un conflicto institucional entre el poder Ejecutivo y Judicial.
Más de 2.000 empleados de la judicatura —entre ellos 600 magistrados— han promovido juicios de amparo, un proceso en el que se impugnan normas generales que se consideran violatorias de los derechos humanos. Los funcionarios se han mostrado inconformes por la primera reforma del Gobierno de Morena, la de dos artículos de la Constitución —75 y 127—, con la que López Obrador ha decretado que nadie en la Administración Pública gane más que él.
El mandatario recortó un 40% su sueldo y lo fijó en 108.000 pesos mensuales (5.300 dólares). La demanda afirma que esta reforma “es contraria al orden constitucional”. “El Poder Judicial goza de autonomía para disponer de sus recursos, por lo cual no tiene obligación de someter al escrutinio del Poder Legislativo las remuneraciones que asigne a jueces y magistrados federales”, afirma la demanda, de la que EL PAÍS tiene una copia.
