Abinader designa abogados para recuperar bienes sustraídos del erario

TRINCHERA DIGITAL.-Con el objetivo de invertir recursos en obras a favor de la población, el Presidente Luis Abinader emitió la noche de este miércoles el decreto 22-21 con el que busca recuperar los bienes sustraídos del Estado mediante corrupción administrativa. Al frente del equipo de abogados fue designado el reconocido jurista de Santiago de los Caballeros, Jorge Luis Polanco.

DETALLES

Una nota oficial reseña que mediante el Decreto número 22-21, Abinader instruye a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo la conformación de un equipo de abogados de reputada trayectoria, prestigio y notoriedad para que trabajen en la recuperación de los bienes públicos.

De igual forma, se designa al señor Jorge Luis Polanco Rodríguez como coordinador general del equipo de abogados y a los señores José Luís Taveras, Claudia Álvarez Troncoso, Manuel Conde Cabrera, Rafael Rivas Solano y Fernando P. Henríquez como coordinadores de equipos.

Con esta acción se procura el fortalecimiento de la hacienda pública y el desmonte de un Estado prácticamente inamovible de impunidad.

“Se declara de interés nacional la recuperación del patrimonio público que se haya defraudado y se precisa que la recuperación de estos bienes, valores o derechos se invertirán en proyectos que mejoren la calidad de vida del pueblo dominicano, que es su verdadero propietario”, indica una nota de prensa sobre la normativa.

Se recuerda que el 9 de diciembre el presidente Abinader anunció que conformaría un equipo de abogados para que represente al Estado, en las acciones y procesos tendentes a la recuperación del patrimonio que se verifique haya sido distraído de las arcas pública, ya sea en las administraciones pasadas o en la presente.

“Este decreto refleja el compromiso firme de fortalecer la institucionalidad y poner fin a la inercia que históricamente se ha mostrado al momento de promover las acciones que procuren la restitución de bienes y recursos que han sido distraídos del patrimonio público, al amparo de diversas modalidades operativas, sea por la comisión de infracciones o ilícitos penales, como por omisiones, actos de negligencia e imprudencia o violaciones a las leyes”, indica.