SANTO DOMINGO.-El Consejo del Poder Judicial (CPJ) destituyó a la magistrada Regina Carvajal Vizcaíno, del Distrito judicial de San Cristóbal, acusada de pedir 300 mil pesos a cambio de una sentencia así como negociar recursos de amparo a cambio de dinero, y de levantar una oposición a la cuenta bancaria de un vinculado con el decomiso 333.13 kilos de droga.
DETALLES
Una reseña tomada por Trinchera Digital de la versión digital del periódico Hoy afirma que con esa jueza suman ocho los destituidos este año por el CPJ, por la comisión de faltas graves en el ejercicio de sus funciones, sin embargo, solo uno de ellos ha sido traducido a la justicia penal.
Resalta también, que la mayoría de ellos son mujeres.
La acusación. La jueza Carvajal Vizcaíno fue acusada por el Ministerio Público de gestionar a través de su seguridad, el sargento Jeudis Paredes Mejía, el pago de RD$300,000 a cambio de dictar una decisión favorable a una Casa de Cambio, en un recurso de amparo interpuesto contra el empresario Celso Marranzini y la empresa Multiquímica Dominicana.
Indica que mediante sentencia 301-2016-SSEN-049, dicha magistrada acogió la acción de amparo incoada por Agentes de Cambio Hermanos de los Santos y su presidente Martín de los Santos, y ordenó la inmediata revocación de la inmovilización de los fondos bancarios, que mediante resolución, le había sido impuesta por el juez de Atención Permanente del Distrito Nacional, José Eliseo Pérez, a los reclamantes.
De acuerdo con el expediente acusatorio, la destituida jueza acordó con su seguridad, Paredes Mojica, darle el 40% (RD$75,000), de los RD$300,000 que cobraría por fallar a favor de la Casa de Cambio.
Caso droga. A la destituida jueza se le atribuye también levantar otra oposición bancaria con la que la Fiscalía de San Cristóbal le tenía inmovilizados sus recursos a José Miguel Ceballos Rosario, quien está vinculado al decomiso de 333.13 kilos de droga, en el municipio de Nagua, entre otros hechos.
El el 2009, Carvajal Vizcaíno fue investigada por una denuncia del senador Tommy Galán de que dictaba decisiones para favorecer a imputados por drogas, entre ellos a Pedro Alejandro Castillo Paniagua (Quirinito).
Mayoría destituidos son mujeres. Este año fueron destituidos además, Aleyda Jiménez Acosta, de San Francisco de Macorís, por dictar prisión domiciliaria al desaparecido Quirinito.
Altagracia Esther Mejía Roca, jueza de Ejecución de la Pena de San Francisco de Macorís, por dar permisos para salir del país a extranjeros condenados por narcotráfico; y María Elena Quevedo Rosario, juez de la Instrucción de las Matas de Farfán, por variar medidas de coerción por libertad con garantías económicas sin justificación.
También Margarita Cristo Cristo, del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, por instruir a un abogado sobre cómo llevar un caso para luego ella declararlo inadmisible.
Awilda Reyes Beltré, presidenta de la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, fue destituida e inhabilitada para servir al Estado por cinco años, acusada de formar parte de una supuesta red que negociaba sentencias especialmente con personas vinculadas con el narcotráfico.
Willy de Jesús, juez de Ejecución de la Pena de San Cristóbal, quien ordenó el traslado de “Quirinito” de Najayo a la cárcel de San Francisco de Macorís; y José Antonio Cepeda Marty, titular del Tribunal de Tierras de Samaná, José, por aprobar deslindes irregulares.
