TRINCHERA DIGITAL.-Entre 10 y cinco años de cárcel y el decomiso de bienes considerados por el ministerio público como robados al erario es la postura final de la Procuraduría contra los seis imputados del sonado caso de Odebrecht que lleva en los tribunales de la República desde el 2017 y ya está en etapa final. Ahora falta el alegato de los abogados de la defensa y en cuestión de pocos días el tribunal colegiado que tiene el caso bajo su jurisdicción deberá emitir un veredicto.
DETALLES
Los representantes de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) solicitaron este martes que los seis imputados del caso de los sobornos de Odebrecht reciban condenas de diez a cinco años de prisión, además del decomiso de todos los bienes producto de la alegada corrupción en que supuestamente incurrieron.
Pidieron 10 años de prisión para el empresario Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa, exministro de Obras Públicas y exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarrillado (Inapa), mientras que, para Andrés Bautista, expresidente del Senado; Juan Roberto Rodríguez, también exdirector del Inapa, y el exsenador Tommy Galán solicitó cinco años de reclusión.
Para el abogado Conrado Pittaluga solicitaron siete años de prisión y el pago de 200 salarios mínimos.
El Ministerio Público pidió además el decomiso de los bienes de todos los imputados.
La Pepca solicitó, también que, desde la sala de audiencias, se ordene la variación de la medida de coerción por la prisión preventiva, debido a que gozan de libertad condicional.
La audiencia se efectúa en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, a cargo de las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo.
Luego de esto, la defensa de los imputados presentará sus alegatos finales.
La acusación
A todos, el Ministerio Público les imputa haber participado en la recepción y distribución de los US$92 millones que la constructora brasileña Odebrecht admitió haber entregado en el país como sobornos con el fin de ser favorecida con la adjudicación de grandes obras estatales.