Medio Ambiente multa con más de 2 millones de pesos al Ayuntamiento de Villa Altagracia

SANTO DOMINGO.-Medio Ambiente multó con mas de dos millones de pesos al Ayuntamiento municipal de Villa Altagracia y ordenó el cierre del vertedero de basura en un plazo de 60 días que está ubicado a 10 metros de la autopista Duarte, en dirección sur-norte y próximo al sector conocido como el cruce del Boricua y el barrio de Las Batatas.

DETALLES

La medida oficial concede un plazo de 60 días a las autoridades municipales para que cierren dicho vertedero, de acuerdo con una nota reseñada por El Caribe y compartida por Trinchera Digital donde el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales multó con más de 2 millones de pesos al Ayuntamiento de ese municipio por establecer un vertedero a cielo abierto sin autorización ni condiciones mínimas para operar.

“Es inadmisible que situaciones como estas se sigan dando en el país; que se siga generando contaminación con botaderos a cielo abierto, sin tratamiento para lixiviados y aguas de escorrentía, sin equipos, sin condiciones mínimas para operar atentando contra la salud de la gente”, dijo Francisco Domínguez Brito, titular de la cartera ambiental.

Una nota de la institución ambiental explica que momentos en que técnicos de la Dirección de Asuntos Municipales y Asentamientos Humanos del Vice ministerio de Gestión Ambiental fueron al lugar pudieron percibir un fuerte mal olor proveniente del vertedero que tampoco cuenta con equipos (pala, tractor o greda) para realizar sus operaciones.

Agrega también que el vertedero provoca  contaminación visual y atmosférica debido a que los residuos sólidos están esparcidos por doquier y a menos de 10 metros de la autopista Duarte.

La medida está contenida en la Resolución DJ-RAS-4-2017-0266 da un plazo de 60 días para que sea cerrado el Vertedero a cielo abierto y se inicien las operaciones en el vertedero controlado que está en construcción y supervisado por este ministerio.

Señala que la multa es de 2 millones 302 mil 875 pesos, equivalente a 450 salarios mínimos en el sector público, y está amparada en el Reglamento de Control, Vigilancia e Inspección Ambiental y la Aplicación de Sanciones Administrativas y el Articulo 61 de la Constitución de la República que establece que “el Estado debe velar por la protección de la salud de todas las personas, las condiciones higiénicas y el saneamiento ambiental”.