Reynaldo Hernandez Rosa
Es el Defensor del Pueblo RD un adefesio constitucional??,
HOSTOS, San Francisco de Macorís.- Lejos de las buenas intenciones de la directora, doctora Zoila Martinez Guante, estas, no suman nada a el organismo que con rango constitucional no juega su rol como lo han establecido otros similares en países de America Latina, al extremo, que estos, las entidades pro derechos humanos son determinantes cuando se vulneran preceptos que las Cartas Magnas de estas naciones consagran, razon hoy, por la cual el Defensor del Pueblo RD no ha logrado su espacio dentro del colectivo, entre otras, por la cantidad de tecnócratas que han invadido el órgano.
Es penoso el pobre desempeño del Defensor del Pueblo RD, esto, si tomamos como premisa los logros de iguales organismos en naciones de nuestra America morena, donde los resultados son tan fehacientes y puntuales que hoy son verdaderos defensores de los habitantes, Argentina, Chile, Costa Rica, etc, cuando funcionarios y prestadoras de servicios violan derechos fundamentales de los ciudadanos.
En nuestro país, el Defensor del Pueblo ha demostrado una ineficacia olímpica, con acciones un tanto ajena a su rango constitucional, evidenciando serios entuertos en materia jurisdiccional.
Pese a tener elementos probatorios, aportados por los afectados, como en los casos de la continua violación a la normativa 41-08 de Funcion Publica, donde cientos de ex empleados del Estado que acuden al organismo en cuestión, ven frustradas sus pretensiones, dado las exiguas respuestas de una entidad llamada a socorrer los abusos en materia de derechos humanos.
El rango constitucional del Defensor del Pueblo es pisoteado por ministros, directores generales, los cuales, con una intolerancia trujillista obvian las notificaciones del Defensor del Pueblo, haciendo mofa de tales pretensiones, tal es el caso del director del INDRHI, Olgo Fernandez, no obstante, la cantidad de demandas por transgresión a la Ley 41-08
Lejos de una defensa de los derechos fundamentales que le asisten a la persona humana, la institución debería intervenir en otras esferas de la vida pública, como es el caso de impulsar la transformación del Estado para una mejor prestación de los servicios públicos; y contribuir a la consolidación de una democracia en la que se garanticen a plenitud los derechos fundamentales, tanto los civiles y políticos como los sociales, económicos y culturales