Roberto Valenzuela
SANTO DOMINGO.-El mejor regalo que el presidente Danilo Medina les puede dar en Navidad a las amas de casa, a los choferes y el pueblo en general es ordenar que se elimine la abusiva “distorsión” de la resolución de Industria y Comercio que altera los precios del Gas Licuado de Petróleo (GLP).
Luego de mí último artículo sobre el tema, varias personas me escribieron para mostrar su preocupación sobre si el Presidente no toma una decisión la proyección es que el precio del galón de GLP llegue a 200 pesos. “Estamos cargando pesado con la corrupción en la venta del GLP y si Dios no mete su mano vamos a comprar gas a más de 200”, dice la señora Juana Acosta Sánchez.
Solo falta la decisión del gobernante, ya que el ministro de Hacienda, Donald Guerrero, admite que hay una “distorsión” en la resolución de Industria y Comercio, mientras personalidades como los periodistas Juan Bolívar Díaz, Nuria Piera, Altagracia Salazar ponen en evidencia lo abusivo que es para los usuarios pagar alrededor de 20 pesos adicional en cada galón de gas.
Nuria explicó que el tema es tan espinoso que le fue difícil hacer una investigación, pues hubo funcionarios que trataron que la información no saliera a la luz pública y que si llegaba a salir fuese lo menos precisa. Yo pregunto: ¿Qué esconden en el negocio del GLP, que torpedean y niegan informaciones a un programa de investigación serio? Nuria dijo que la Procuraduría General de la República se debe animar a investigar lo que se esconde detrás de la Resolución 365 de Industria y Comercio, emanada por el extitular de esa entidad, José del Castillo Saviñón, el 30 de diciembre de 2015.
Yo agrego que la Procuraduría debe investigar la denuncia del sindicalista Juan Hubieres de que en el negocio del GLP existe una mafia que ha estafado al Estado con RD$2,000 mil millones mediante la Resolución 365 de Industria y Comercio, que solo beneficia a dos empresas, una pública y otra privada. Hubieres dijo que para aprobar esa resolución, supuestamente, hubo un funcionario que recibió un soborno de cinco millones de dólares.
El economista José Rijo dijo al programa de investigación de Nuria que con la mencionada resolución “hay un desfalco de 13 mil millones de pesos al año”.
En cambio, el periodista Juan Bolívar Díaz afirma que lo que pasa es que “el Estado anda buscando dinero a toda costa sin hacer una reforma fiscal, que es lo que manda la Estrategia Nacional de Desarrollo y entonces entendió que por ahí (con la resolución) podía economizarse un dinerito…”.
