Roberto Valenzuela
SANTO DOMINGO.-El Ministerio de Industria y Comercio “coló” una resolución sin avisar a ninguno de los sectores involucrados en el tema de la unificación de la venta de los combustibles. Lo hizo un viernes después de las cinco de la tarde para que pase desapercibida a la prensa. No sólo eso, fruto de la irregularidad y muestra que conspiraba en contra un sector, lo que habían subido a su página lo borraron. ¿Qué escondía?
En ese tenor, el exjefe de la Policía, ingeniero Rafael Guillermo Guzmán Fermín, analiza paso a paso la decisión y establece que esa resolución afianza el monopolio violando la Constitución; y atenta contra la seguridad nacional.
Reproducimos (aquí) el interesante artículo, pues es un desglose de un experto: despeja todas las dudas y arroja luz sobre lo que debe hacer Industria y Comercio.
“Del mismo modo que la guerra es consecuencia natural del monopolio, la paz es la consecuencia natural de la libertad”, Gustave de Molinari.
Rafael Guillermo Guzmán Fermín
El 20 de este mes en curso, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) dio a conocer la nueva resolución marcada con el número 201, con la que acaba de dar un paso más para afianzar el monopolio en la República Dominicana en contravención con nuestra Constitución, y a la vez, se descalifica a sí mismo como árbitro estatal para, debiendo ser imparcial, dirimir conflictos de intereses contrapuestos, como es el actual caso de la moderna propuesta sobre la venta en una misma “Estación de Servicios” de combustibles líquidos y gas licuado de petróleo vehicular (GLP Vehicular).
Dicho ministerio, con esta resolución, a pesar de afirmar que próximamente decidirá sobre el tema en controversia, ha tomado la decisión de mantener el status quo actual del GLP, favoreciendo claramente la posición de una de las partes en desacuerdo, en detrimento de la otra, en flagrante contravención a los más elementales protocolos de las funciones del Estado de ser “juez mediador” cuando existen intereses en conflicto.
Cabe destacar, que la justicia es la primera virtud de las instituciones políticas del Estado, así como la verdad es la base de la justicia y la guía del derecho. Por consiguiente, todo negocio o contrato por muy ganancioso que sea debe ser rechazado, o cuanto menos revisado, si no es justo o es soportado bajo los pilares fundacionales de una posición dominante.
Es por ello, que cualquier ley, decreto, resolución, y hasta las propias instituciones, por más desarrolladas y efectivas que sean, si no están enmarcadas dentro de los parámetros de la justicia, equidad y libertad, deben ser reorganizadas o desmanteladas, ya que, de acuerdo a nuestro ordenamiento constitucional de un Estado Social y Democrático de Derecho y los derechos fundamentales supranacionales, cada persona física o jurídica está protegida por una inviolabilidad amparada en la justicia, que garantiza, a su vez, el mismo bienestar social a todos los ciudadanos.
Por tanto, toda medida injusta es un atentado a la libertad individual, colectiva o empresarial, que debe de ser obligatoriamente corregida por el Estado.
En este contexto, la sorpresiva resolución de este ministerio, puede dar toda la razón al economista asociado de la Escuela Liberal Francesa, Gustave de Molinari, autor del pensamiento de referencia de este ensayo, cuando advierte: “Del mismo modo que la guerra es consecuencia natural del monopolio, la paz es la consecuencia natural de la libertad”.
Monopolios privados como atentado a la seguridad nacional.
En un Estado democrático, social, de derecho, de libre mercado y de amplias libertades públicas, el único que puede detentar un monopolio es el propio Estado. Fuera de ello, toda manifestación monopólica y sus sinónimos -acaparamiento, cártel, concesión, exclusividad, agio y centralización- constituye, no solo una violación a la Carta Magna, sino que degrada todas las reglas del libre mercado y políticas de competencia.
Bajo este escenario, las políticas de libre competencia juegan un papel importante para frenar a los monopolios dentro de la construcción de una agenda de seguridad nacional toda vez que el Estado, está en la obligación de crear el marco regulatorio para el diseño, desarrollo y articulación de los instrumentos institucionales capaces para fortalecer la competencia, libre y justa, a nivel nacional.
De manera que, las autoridades están en el deber de continuar demostrando su compromiso para brindar respuestas a las falencias y taras del mercado, y corregir aquellas estructuras que distorsionan la economía nacional, que afectan a toda la sociedad y corroen las instituciones políticas.
¿Cómo es posible que el Estado fomente un monopolio sobre un bien estratégico tan sensible como es el GLP, y lo ponga en manos de solo dos empresas privadas? ¿Acaso no bastaría con una simple orden de un empresario sensiblero para retrasar por una semana el arribo de barcos tanqueros con carga de gas, para generar una crisis nacional en el sector transporte, hogares, empresas y sector turístico del país, logrando poner de rodillas a cualquier gobierno por más fuerte que sea?
Por esta y otras razones, planteamos que esa concesión monopólica frena la competitividad nacional y crea una peligrosa fragilidad para el Estado, siendo a todas luces un atentado a la seguridad nacional. Y nos preguntamos: ¿Bajo qué mecanismos ha conseguido ese sector privado semejantes “privilegios” por parte de funcionarios del Estado en perjuicio del propio Estado? ¿Qué poderes e intereses ocultos se esconden en los aposentos privados y luego se firman en los despachos estatales?
Es por ello que, tratar de mantener a través de un “plumazo” un status quo monopolizante en perjuicio de la competitividad, pudiera inducir a pensar que eso no se obtiene a través de la razonable obra del consenso, sino tal vez “forzadas” por presiones de intereses de sociedades secretas muy lejos de los principios éticos de la sociedad secreta La Trinitaria, inducidos por aquellos personajes pintorescos en quienes se inspiró Mario Puzo en su famosa novela “El Padrino”, y que se pudieran creer con tanto poder como para proferir amenazas a sus competidores, que pudieran degenerar en otro escándalo peor que el asesinato de la OMSA, y se llegaran a descubrir fraudes que opacarían por mucho el caso ODEBRECHT.
Los monopolios traen sus propias guerras, éstas a su vez, escándalos no deseados, para luego terminar en los viacrucis con sus gólgotas, sus muchos Pilatos y muy pocos Cirineos.
Es momento de apuntar al centro de la diana.
Quienes dirigen el Estado, en estos momentos en que se ven azotados por diversas tormentas de cuestionamientos, ¿les convendría otro huracán? Estoy seguro que no. Si hacen una reflexión, preferirían la “paz como consecuencia de la libertad”. Entonces, es momento de apuntar al centro de la diana, tal como un experto tirador al blanco. (Aunque utilice un anticuado rifle Winchester).
En tal virtud, y utilizando una analogía de expertos para la toma de decisiones, cuando un tirador desea dar en el blanco debe apuntar alto y con la vista hacia adelante, siempre mirando el centro de su objetivo, en este caso, la diana. Nunca ha de perder de vista su meta y mantenerse fija en ella. Ya que un tirador experimentado, primero intentará repasar los pasos previos antes de decidir cada disparo, de esta manera jamás confundirá los medios con la meta. Porque siempre estará consciente de quién es, y qué es lo que desea, y no se dejará seducir por falsos señuelos que le hagan desviar el disparo; más bien, buscará consejos de otros expertos.
Pues un buen tirador buscará en la experiencia de expertos la ayuda necesaria, tanto a lo interno, para que observen cómo tiene agarrado el fusil, cómo está su pulso, su respiración, y el tipo de calibre más apropiado para dar en el objetivo. Pero también deberá solicitar apoyo desde afuera, para saber cómo está la velocidad del viento, la temperatura del aire e indicarle si tiene que apuntar más a la derecha o izquierda, arriba o abajo, hasta que llegue finalmente a realizar el disparo de precisión que dé en la diana.
De manera que, para dar en la diana debemos de apuntar al centro, sin distracciones ni seducciones, haciendo caso a las “señales de advertencia” del equipo de apoyo, y perseverar en la meta final, tal como rezaba un lema muy antiguo de los hombres de armas del medioevo: “In ómnibus réspice finem”, que quiere decir: “En todas las cosas, ten siempre la mirada fija en el fin”.
Finalmente, con la mira puesta en el futuro, albergamos con certeza, que el MICM se apegará a los principales principios internacionales de las políticas de competencia, eliminando las malas prácticas que promueven la creación y mantenimiento de monopolios y abusos del mercado en beneficio de los consumidores y toda la sociedad. Pues es claro determinar bajo la óptica de la razón política que, si bien es cierto que de un lado hay buenos contribuyentes de campañas, por otro lado, los consumidores son los grandes electores.
Cierro este ensayo con otro disparo certero del afamado economista belga, Gustave de Molinari, quien dio en la diana de la economía liberal de mercado, cuando dictó esta sentencia: “El individuo permanece completamente soberano sólo bajo un régimen de total libertad. Cada monopolio es un ataque a su soberanía”.
El autor es miembro del Círculo Delta.
