Durante seis meses las autoridades colombianas en colaboración con agencias de Estados Unidos siguieron a Madame (cuentan con más de 7.000 horas de grabaciones), a un grupo de israelíes que gestionaba un negocio de proxenetismo internacional y a un militar que no solo explotaba a menores, las obligaba a tatuarse su nombre en alguna parte del cuerpo tras haberlas violado.
Una vez las jóvenes eran reclutadas, Madame las repartía entre las calles de la ciudad amurallada, hostales en los que alquilaba habitaciones y fiestas de lujo en yates e islas que podían durar días. Su marido, según la investigación, era el responsable de vender alcohol y drogas en los paquetes todo incluido que la red promocionaba. “Las menores eran vendidas en catálogos”, ha asegurado el fiscal general Néstor Humberto Martínez.
Era habitual que Madame paseara con un séquito de jóvenes por Cartagena. Las acompañaba a las casas coloniales donde se realizaban eventos con extranjeros. Prueba de ello son las imágenes que publicaba en redes sociales. Siempre bajo el silencio de las autoridades. “Hubo fiestas en las que las jóvenes hicieron fila para ser escogidas por los clientes, en un claro acto de cosificación, contrario a la dignidad y el respeto por los derechos humanos”, ha explicado la juez durante la audiencia en la que se ha dictado prisión para la proxeneta por explotación, no por prostitución “un oficio de libre escogencia que no está penalizado por la ley colombiana”.
La investigación ha contabilizado más de 200 víctimas, muchas de ellas jóvenes venezolanas que escapan de la crisis que hay en su país (en los últimos dos años ha llegado un millón de ciudadanos a Colombia). “Son chicas de todas las clases sociales que accedieron por necesidad”, apunta el fiscal.
